Cambios en la política de activos digitales en 2025 y 2026

Tras años de incertidumbre, debates y una aplicación desigual de la normativa, los reguladores se están poniendo al día con la adopción por parte del mercado. La política sobre activos digitales se encuentra en un punto de inflexión.

Tres de los principales organismos reguladores mundiales -la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido- están pasando de adoptar posturas ambiguas a definidas en 2026. La MiCA europea está sentando las bases para unas normas de mercado uniformes en la UE, Estados Unidos está implantando nuevas vías de registro para los bancos de criptomonedas y la FCA del Reino Unido está trabajando en los criterios para los emisores de monedas estables.

La línea divisoria se traza ahora entre las instituciones que cuentan con sistemas de cumplimiento integrados y aquellas que se esfuerzan por adaptar sus infraestructuras heredadas. Las que implementen un seguimiento automatizado a nivel de monedero para cumplir con la normativa KYC, así como sistemas capaces de satisfacer los requisitos de información específicos de cada jurisdicción, tendrán éxito. Es probable que las demás no lo consigan.

Analicemos con más detalle los cambios normativos que entrarán en vigor en 2026 y cómo se traducirán en consecuencias prácticas para los inversores institucionales, los equipos de gestión de riesgos y los responsables de cumplimiento normativo que gestionan activos digitales de gran valor.

Puntos clave

• Las políticas sobre activos digitales en Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido están regulando la forma en que estos activos pueden emitirse, respaldarse y negociarse en los sistemas financieros regulados.

• La Ley GENIUS, la MiCA y el marco FSMA del Reino Unido establecen normas claras en materia de respaldo de reservas, transparencia de los emisores y autorización regulatoria.

• La divulgación de información sobre activos digitales se está estandarizando, ampliando el deber fiduciario para incluir la selección de activos, la transparencia en materia de riesgos y la supervisión de los proveedores de servicios.

• El cumplimiento tributario se centra ahora en la presentación automatizada de informes a nivel de transacción y en una infraestructura preparada para las auditorías.

• Las diferencias normativas están dando lugar a políticas locales de gestión de activos digitales en materia de incorporación de clientes, custodia y límites de exposición.

Se codifica la supervisión de las monedas estables

Las monedas estables dejaron de ser un "tema" de política y pasaron a ser un problema de aplicación a partir de mediados de 2024.

En Estados Unidos, la regulación se rige principalmente por la Ley GENIUS, que entró en vigor en julio de 2025. Esta ley establece requisitos en materia de reservas de respaldo, transparencia de los emisores y concesión de licencias para las entidades que facilitan pagos con monedas estables.

La Ley CLARITY, cuya aprobación está prevista para 2026, complementa a la Ley GENIUS al definir cómo los desarrolladores de activos digitales pueden recaudar fondos de acuerdo con las directrices de la SEC, y al establecer regímenes de registro que detallan cómo las empresas de activos digitales pueden prestar servicios a sus clientes de forma legal en los mercados de activos digitales.

La trayectoria es similar en la UE y el Reino Unido. El Reglamento sobre los mercados de criptoactivos (MiCA) de la UE vincula la emisión autorizada de monedas a requisitos de gestión de reservas, divulgación pública y presentación de informes de auditoría, mientras que el marco normativo de la FCA y el Banco de Inglaterra del Reino Unido propone un sistema para regular las monedas estables.

La mayor claridad en la nueva política sobre activos digitales tendrá un efecto dominó, lo que modificará las expectativas operativas de las instituciones que operan con monedas estables. Por ejemplo, las empresas que utilicen monedas estables para la liquidación deberán implementar procesos para evaluar a las contrapartes, comprender el funcionamiento de las reservas y verificar que las integraciones cumplan con las normas de cumplimiento normativo.

En la práctica, las instituciones que mantengan o realicen transacciones con monedas estables deberían incorporar cuatro controles fijos en sus procedimientos operativos:

• Autorización de emisores

• Divulgación de reservas

• Documentos de auditoría

• Mecánicas de canje

• Cartografía del perímetro jurisdiccional

Los cuatro aspectos son importantes para el cumplimiento normativo y deben implementarse antes de que entre en funcionamiento cualquier integración de pagos o de tesorería.

Definiciones revisadas de la custodia de activos digitales

Las definiciones normativas clave evolucionaron en 2025. Las agencias estadounidenses y las autoridades de la UE aclararon que el mero hecho de custodiar claves privadas no cumple con el estándar fiduciario exigido a los custodios cualificados.

Históricamente, la custodia de activos digitales se refería a quién poseía las claves privadas. Sin embargo, ahora están surgiendo definiciones más precisas que hacen hincapié en la segregación de activos, la prueba de control y la transparencia en la cadena de bloques. La segregación de activos reviste especial importancia. El colapso de FTX en 2022, en el que los depositantes perdieron dinero tras la quiebra de la plataforma, es una de las principales preocupaciones de los reguladores.

Piensa en la custodia como una cámara acorazada con un registro de auditoría. Combina la ubicación de los activos, quién puede abrir la puerta, en qué condiciones y cómo se registra cada acción.

Dos requisitos que las instituciones deben tener en cuenta:

1. Los activos en custodia deben estar separados, tanto desde el punto de vista funcional como jurídico, del balance del custodio, a fin de proteger a los inversores en caso de insolvencia.

2. Los custodios deben demostrar su control mediante medidas de transparencia en la cadena de bloques, pruebas de solvencia y demostraciones verificables de que se cumplen los requisitos de reserva.

Las entidades deben revisar sus controles internos, los procesos de firma y las relaciones con terceros para garantizar el cumplimiento de la normativa recientemente aclarada. Se trata de una oportunidad para las entidades, que desde hace tiempo necesitaban un punto de entrada confiable al mercado de activos digitales, pero que tendrá repercusiones en los custodios, los acuerdos de subcustodia y las estructuras de gobernanza interna.

Las empresas que estén considerando la posibilidad de incorporar bitcoins u otros activos digitales a su cartera de tesorería deberían evaluar si los custodios externos cumplen realmente con el nuevo estándar fiduciario.

Se amplían las obligaciones de información y las responsabilidades fiduciarias

¿Es el bitcoin un valor? ¿O una materia prima?

Esta cuestión lleva años preocupando a los responsables políticos del ámbito de los activos digitales, lo que ha generado incertidumbre sobre quién es exactamente el responsable de regular dichos activos.

Eso está cambiando.

La Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas (CFTC) considera ahora, sin lugar a dudas, que las monedas virtuales son materias primas. Los responsables de la elaboración de políticas sobre activos digitales también están redactando directrices fiduciarias más claras y coherentes, que incluyen orientaciones sobre:

• Selección de activos: Se pide a las instituciones que demuestren que sus activos digitales se seleccionan basándose en criterios de inversión sólidos, niveles de tolerancia al riesgo y consideraciones de liquidez, y que se ajustan a los objetivos de tesorería o de inversión establecidos.

• Seguridad y gestión de riesgos: Mecanismos de control que obliguen a las instituciones a explicar por qué los activos digitales deben figurar en los balances y cómo se gestionan los riesgos asociados a ellos.

• Diligencia debida de los proveedores de servicios: Las autoridades reguladoras esperan que los inversores institucionales analicen cómo los depositarios, las plataformas de negociación y los proveedores de tecnología incorporan controles conformes a la normativa en sus prácticas operativas. Consejo rápido: busca proveedores de servicios que cumplan con la norma SOC II.

Las oficinas familiares, los consejos de administración de las empresas y otros actores institucionales que estén estudiando la posibilidad de crear reservas estratégicas de bitcoines se enfrentarán a retos en materia de cumplimiento normativo en 2026. Es necesario documentar los procesos de toma de decisiones, supervisar las actividades en curso y garantizar que las contrapartes gozan de solvencia financiera para seguir siendo competitivos en los próximos años.

La política fiscal y los marcos de información fiscal alcanzan su madurez

Lo fundamental para las instituciones en 2026 es la transparencia fiscal total.

El formulario 1099-DA del IRS y el marco CARF de la OCDE en Europa implican que las autoridades fiscales esperan ahora informes detallados sobre los movimientos de activos digitales y las bases de coste. La estrategia y las operaciones están ahora interrelacionadas. Para acogerse a las normas fiscales favorables en materia de operaciones ficticias, las organizaciones deben establecer de antemano procedimientos específicos de documentación, en lugar de revisarlos y optimizarlos a posteriori.

El staking, las recompensas y las distribuciones de tokens constituyen hechos imponibles independientes y, según la nueva normativa, una clasificación incorrecta de un hecho podría exponer a su organización a un mayor riesgo de auditoría.

¿La solución? Automatizar.

Las instituciones que dependan de hojas de cálculo o de procedimientos de conciliación anuales -en los que la falta de datos puede generar riesgos de auditoría o mayores obligaciones fiscales- tendrán dificultades. Las que aprovechen sistemas automatizados adaptados a las características específicas de los activos digitales tendrán éxito.

El auge de las políticas de gestión específicas de cada jurisdicción

A medida que se vayan desarrollando las normativas en todo el mundo, no lo harán de manera uniforme. Cada vez son más claras, pero las normas variarán de un país a otro.

¿Para las multinacionales? Esto significa que serán necesarias políticas de gestión de activos digitales a nivel jurisdiccional.

Los protocolos de incorporación variarán considerablemente a nivel regional. En el marco de la MiCA de la UE, es necesario verificar el estado de autorización CASP de la contraparte. Por el contrario, el proceso de incorporación en EE. UU. hará hincapié en un riguroso control de sanciones, en la verificación de la condición de "custodio cualificado" y en la creación de flujos de trabajo de cumplimiento normativo que pueden implicar a varios equipos.

La gestión del balance también ha seguido esta tendencia. Los límites de exposición se ajustan ahora por entidad y jurisdicción, lo que significa que una operación que cumple con la normativa en Singapur puede dar lugar a medidas coercitivas en Nueva York.

La infraestructura programable puede resolver estos retos operativos. La claridad normativa permite codificar el cumplimiento en procedimientos operativos estándar, lo que evita que se produzcan transferencias no conformes antes de que tengan lugar. La tecnología puede ayudar a las empresas a ampliar su oferta de gestión patrimonial digital en jurisdicciones favorables a las criptomonedas sin exponer sus operaciones a riesgos normativos.

Lo que viene ahora: la aplicación de la normativa, no la especulación

La incertidumbre normativa dará paso a una mayor claridad en 2026, lo que permitirá adoptar medidas de ejecución previsibles, establecer procedimientos para evitar este tipo de situaciones y ofrecer un mejor servicio a los inversores interesados en mantener activos digitales a través de organizaciones de confianza.

Sin embargo, esto implica que las instituciones se enfrentan al reto de cumplir con los requisitos de implementación, documentación y otras obligaciones normativas.

• La infraestructura de custodia debe garantizar la segregación de los activos de los clientes y presentar pruebas criptográficas de las reservas.

• Los sistemas de presentación de informes deben generar automáticamente la información específica de cada jurisdicción, incluidos los detalles sobre el coste de adquisición y la clasificación de los activos.

• Los flujos de trabajo de las transacciones deben verificar el cumplimiento de las condiciones antes de la liquidación.

El cumplimiento manual es matemáticamente imposible a gran escala. A medida que se reducen los tiempos de liquidación y los volúmenes de las monedas estables rivalizan con los canales de pago tradicionales, la única forma de mantener el cumplimiento normativo es eliminar por completo el factor humano del proceso. Las "políticas" deben convertirse en código; de lo contrario, fracasarán ante el volumen de transacciones.

BitGo puede ayudarte.

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Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia en el cumplimiento normativo en cada jurisdicción y está preparado para ayudarle a entrar en el mercado de los activos digitales con total confianza.

Las normas reguladoras actuales exigen procedimientos de cumplimiento de nivel institucional. ¿Son capaces sus sistemas de funcionar de forma sostenible, tanto en velocidad como en escala? Si no es así, podemos ayudarle.

Preguntas frecuentes

¿Cómo afectarán los cambios normativos de 2025-2026 a la capacidad de nuestra empresa para mantener bitcoins en nuestro balance?

Unas normas más claras en materia de custodia, divulgación y gobernanza hacen que la tenencia de bitcoins resulte más práctica. Con las nuevas políticas sobre activos digitales, las empresas deben documentar la selección de activos, los controles de custodia y la gestión de riesgos. La menor incertidumbre normativa favorece una mayor adopción institucional de las criptomonedas.

¿Qué nuevos requisitos de cumplimiento deben esperar los inversores institucionales de la próxima normativa sobre activos digitales?

Se prevén certificaciones mensuales, carteras segregadas y requisitos de prueba de reservas continua bajo la supervisión de la MiCA y la OCC. La SEC podría revisar la documentación de control clave, y los corredores deben prepararse para presentar los formularios 1099-DA, que exigen registros exhaustivos de transacciones y de la base de coste.

¿Las políticas más estrictas sobre activos digitales dificultarán o facilitarán a las empresas la adopción de estrategias de tesorería basadas en criptomonedas?

Con el tiempo, esto resultará más fácil. Las obligaciones de cumplimiento supondrán un reto que merecerá la pena afrontar, pero lo que cambiará en 2026 es que unas normas más claras harán que superar esos retos sea, desde el principio, mucho más llevadero.

¿Cómo están abordando los distintos países la regulación de los activos digitales y qué jurisdicciones resultan más favorables?

La UE hace hincapié en la armonización en el marco de la MiCA, el Reino Unido integra las criptomonedas en la normativa sobre pagos y EE. UU. aplica una supervisión específica para cada activo. La jurisdicción más adecuada para sus operaciones dependerá de sus necesidades concretas, pero se avecinan mayor claridad, vías de obtención de licencias y directrices de supervisión predecibles.

¿Qué deberíamos hacer ahora para preparar nuestra infraestructura de cumplimiento normativo de cara a los cambios normativos de 2026?

Revise inmediatamente sus relaciones de custodia. Asegúrese de que su custodio cumpla con los requisitos reglamentarios y no sea simplemente un proveedor de tecnología. Implemente flujos de trabajo automatizados que se ajusten a las próximas directrices normativas, adaptándolas a cada jurisdicción.